{"id":717,"date":"2025-12-04T12:00:12","date_gmt":"2025-12-04T12:00:12","guid":{"rendered":"https:\/\/brab.mx\/?p=717"},"modified":"2026-03-18T19:01:03","modified_gmt":"2026-03-18T19:01:03","slug":"reforma-a-ley-de-amparo-codigo-fiscal-de-la-federacion-y-ley-organica-del-tribunal-federal-de-justicia-administrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brab.mx\/en\/reforma-a-ley-de-amparo-codigo-fiscal-de-la-federacion-y-ley-organica-del-tribunal-federal-de-justicia-administrativa\/","title":{"rendered":"Reforma A Ley De Amparo, C\u00f3digo Fiscal De La Federaci\u00f3n Y Ley Org\u00e1nica Del Tribunal Federal De Justicia Administrativa"},"content":{"rendered":"\t\t
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C\u00f3mo proteger a tu Empresa del creciente fraude telef\u00f3nico en Jalisco<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDecember 2025\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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SANTIAGO BRUSCO<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Resulta de suma importancia para los contribuyentes tomar medidas preventivas en cuanto a sus estructuras y operaciones, para evitar contingencias tributarias.<\/p>

Para muchos contribuyentes, ser conservador tendr\u00e1 sentido, mientras que para otros, aprovechar sus estructuras internacionales dentro del marco de la ley y los tratados aplicables.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Ponemos a su consideraci\u00f3n un informe sobre la Reforma aprobada por el Congreso Federal en d\u00edas pasados, en materia de juicio de garant\u00edas, as\u00ed como en materia de recursos y juicios de \u00edndole fiscal, entre otras cuestiones relevantes.<\/p>

I. OBJETO DEL INFORME<\/strong><\/p>

Es de p\u00fablico conocimiento que el d\u00eda 16 de octubre de este a\u00f1o, la Presidenta promulg\u00f3 un decreto de reforma a la Ley de Amparo, a la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, misma que fue previamente aprobada por el Congreso.<\/p>

Las reformas han generado considerable incertidumbre en la comunidad jur\u00eddica y en los empresarios. El presente informe tiene como objetivo analizar de manera objetiva los puntos principales del texto final aprobado por el Congreso, proporcionando claridad sobre sus implicaciones legales.<\/p>

II. CONSIDERACIONES PRINCIPALES<\/strong><\/p>

A. LEY DE AMPARO<\/strong><\/p>

En 2013, en lo que fue un avance de los Derechos Humanos en cuanto a su interacci\u00f3n con el sistema jur\u00eddico mexicano, se incorpor\u00f3 a la Ley de Amparo el concepto de inter\u00e9s leg\u00edtimo, mismo que hab\u00eda sido desarrollado constitucional y doctrinalmente.<\/p>

Esto, sumado a la reforma de 2011 en la que se incorpor\u00f3 el principio pro-homine a la constituci\u00f3n mexicana, permiti\u00f3 que se promovieran juicios constitucionales bajo esa figura, que no exige que exista una afectaci\u00f3n a un derecho de forma directa, para que el promovente promueva el Juicio de Amparo contra un acto o norma.<\/p>

Desafortunadamente, los vientos han cambiado. Con la reforma, se incorpora un requisito adicional para actuar con inter\u00e9s leg\u00edtimo, de tal forma que se prev\u00e9 que “la norma, acto u omisi\u00f3n reclamado deber\u00e1 ocasionar (…) una lesi\u00f3n jur\u00eddica individual o colectiva real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulaci\u00f3n produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipot\u00e9tico o eventual (…)”. Habr\u00e1 que ver c\u00f3mo los Tribunales interpretan ese texto, pero en principio, parecer\u00eda establecer que el inter\u00e9s leg\u00edtimo s\u00f3lo existe cuando en efecto, haya una afectaci\u00f3n directa a una persona.<\/p>

En el proceso de recusaci\u00f3n dentro del juicio de amparo (es decir, la solicitud que hace una parte para que un juez o magistrado no conozca de un asunto, por haber conflicto de inter\u00e9s u otros supuestos), se establecen nuevas causales de desechamiento, que son: (a) que existan elementos que “demuestren” que se intenta entorpecer o dilatar el procedimiento, o (b) que se presente para que un Ministro o Magistrado se abstenga de conocer cuestiones accesorias o distintas al fondo de la controversia. La redacci\u00f3n de estas nuevas causales de desechamiento presenta ambig\u00fcedades significativas en cuanto a su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. En particular, surge la interrogante sobre los criterios objetivos para determinar cuando una recusaci\u00f3n se presenta para conocer cuestiones diversas al fondo, as\u00ed como sobre los elementos probatorios necesarios para demostrar dicha intencionalidad. Sin perjuicio de ello, consideramos que este aspecto de la reforma es negativo. Las recusaciones infundadas acarrean multas (por lo que existe cierto temor a solicitarlas), y si bien es cierto que en ocasiones se han utilizado como t\u00e1cticas dilatorias, es mucho m\u00e1s peligroso que exista un juez con inter\u00e9s directo en el asunto, a que un proceso se alargue unas semanas o meses. Adem\u00e1s, el objetivo de evitar el uso de las recusaciones como t\u00e1ctica dilatoria ya se logra con otras reformas que se hacen al texto normativo (como limitar el momento procesal en que se pueden hacer valer), por lo que este punto particular s\u00f3lo parece tener por objetivo infundir miedo al litigante.<\/p>

Otro punto importante que se reforma, es que se establece que (a) la ampliaci\u00f3n de demanda proceder\u00e1 s\u00f3lo en los casos expresamente previstos en la ley, y (b) que para ampliar demanda contra actos que guarden relaci\u00f3n con el acto inicialmente demandado, pero sean distintos a \u00e9ste, esos actos deber\u00e1n ser no conocidos previamente. Esta reforma parece razonable.<\/p>

El dictamen aprobado, establece un plazo espec\u00edfico para dictar un fallo a partir de cerrada una audiencia en Amparo Indirecto, que se establece en 90 d\u00edas. Esta disposici\u00f3n representa un avance significativo en materia de celeridad procesal. Sin embargo, es importante se\u00f1alar que la dilaci\u00f3n en los procedimientos ha sido principalmente consecuencia de la excesiva carga de trabajo en los tribunales, problem\u00e1tica que no puede resolverse mediante la mera modificaci\u00f3n de reglas procedimentales. Resta por verse si se podr\u00e1 dar cumplimiento a esto, o si por el contrario, el efecto es obtener un sinf\u00edn de malas sentencias.<\/p>

Por otro lado, la reforma incluye una modificaci\u00f3n a los requisitos para la suspensi\u00f3n del acto en el juicio de garant\u00edas, trayendo al derecho positivo ciertos conceptos que eran propios del desarrollo doctrinal o jurisprudencial. Si bien la cantidad de requisitos es mayor que antes, algunos de esos requisitos abren la puerta a que se obtengan suspensiones que en otro momento hubieran sido dif\u00edciles de obtener.<\/p>

De igual manera, se prev\u00e9n nuevos casos que se consideran “contrarios al inter\u00e9s social”, especialmente relacionados a la prevenci\u00f3n de lavado de dinero. De igual forma, se prev\u00e9 expresamente que se deber\u00e1n dejar a salvo recursos para pagar salarios, alimentos, subsistencia del afectado, pago de cr\u00e9ditos fiscales, o de cr\u00e9ditos hipotecarios. Asimismo, en el caso de congelamiento de recursos, se prev\u00e9 que s\u00f3lo podr\u00e1n liberarse si la licitud de \u00e9stos queda “acreditada”. Adem\u00e1s de presumir culpabilidad, la licitud o ilicitud s\u00f3lo se puede determinar en resoluci\u00f3n definitiva; no en v\u00eda incidental. Los gobernados que se vean justa o injustamente vinculados a un proceso de tal \u00edndole, tendr\u00e1n sumas dificultades para recuperar el acceso a sus recursos.<\/p>

En lo que refiere a la suspensi\u00f3n de cr\u00e9ditos fiscales, cuando esos cr\u00e9ditos se determinen en resoluciones liquidatorias impugnadas y firmes, o que resuelvan sobre solicitudes de prescripci\u00f3n, se podr\u00e1 otorgar suspensi\u00f3n de forma discrecional, siempre que el cr\u00e9dito se haya garantizado en t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n fiscal.<\/p>

Por lo que hace a los delitos de prisi\u00f3n preventiva oficiosa, se aclara que la suspensi\u00f3n que se otorgue s\u00f3lo puede tener por efecto que la persona quejosa quede a disposici\u00f3n del \u00f3rgano de amparo en el lugar que \u00e9ste se\u00f1ale (sin perjuicio de que el \u00f3rgano correspondiente seguir\u00e1 el proceso), y que no podr\u00e1 haber suspensiones con efectos distintos. En todo caso, se prev\u00e9 que deber\u00e1 otorgarse garant\u00eda en no m\u00e1s de 5 cinco d\u00edas (lo cual es a priori, un plazo muy corto).<\/p>

Un cambio normativo de relevancia, tiene que ver con las sanciones a autoridades que incumplan las sentencias de amparo. Se prev\u00e9 expresamente que la autoridad, si no tiene dentro de sus facultades el dar cumplimiento, no podr\u00e1 ser sancionada. Podemos inferir que esto dar\u00e1 lugar a que las autoridades ignoren sentencias de amparo.<\/p>

La reforma a la Ley de Amparo prev\u00e9 diversas cuestiones adicionales, muchas de las cuales son formales. Sin embargo, las anteriormente referidas constituyen los puntos principales, que en su mayor\u00eda, consideramos negativos, aunque en lo referente a algunos temas, parecer\u00edan ser positivas.<\/p>

Adem\u00e1s es importante tener en cuenta que se modifica la forma de otorgar garant\u00eda fiscal, que podr\u00e1 ser \u00fanicamente billete de dep\u00f3sito (por lo cual generalmente tendr\u00e1 m\u00e1s sentido pagar y en su caso pedir devoluci\u00f3n) o carta de cr\u00e9dito.<\/p>

B. C\u00d3DIGO FISCAL Y LEY ORG\u00c1NICA DEL TFJA<\/strong><\/p>

En cuanto al C\u00f3digo Fiscal, se prev\u00e9 la improcedencia del recurso de revocaci\u00f3n no proceder\u00e1 contra actos que exijan el pago de cr\u00e9ditos determinados en resoluciones liquidatorias firmes. En el supuesto de que el acto administrativo exija un monto superior al determinado en la resoluci\u00f3n liquidatoria firme, el recurso resultar\u00e1 igualmente improcedente, lo cual limita significativamente las opciones de defensa del contribuyente. Si bien hay otros medios de defensa (como el amparo, por ejemplo), es un sinsentido este cambio normativo.<\/p>

Lo mismo tambi\u00e9n, se prev\u00e9 para resoluciones de solicitudes de prescripci\u00f3n, si esos cr\u00e9ditos cuya prescripci\u00f3n se solicita derivan de resoluciones liquidatorias impugnadas y que quedaron firmes. La improcedencia del recurso se mantiene incluso en casos donde existan elementos para considerar la prescripci\u00f3n del cr\u00e9dito fiscal, lo cual podr\u00eda contravenir principios fundamentales en materia tributaria.<\/p>

Adicionalmente, se excluye la procedencia del juicio de nulidad, en virtud de la reforma a la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el mismo sentido.<\/p>

III. CONCLUSI\u00d3N<\/strong><\/p>

En lo que refiere a lo tributario y a prevenci\u00f3n de lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, lo reformado es un atropello jur\u00eddico. En lo que refiere a otros temas no abordados aqu\u00ed, la reforma es positiva, puesto que, por ejemplo, se unifica el expediente electr\u00f3nico al f\u00edsico. Otros puntos tambi\u00e9n son positivos, como se comenta a lo largo del presente. Sin embargo, desafortunadamente esta reforma legislativa constituye una restricci\u00f3n significativa a los derechos procesales de los contribuyentes y gobernados, que podr\u00eda comprometer principios fundamentales del debido proceso.<\/p>

Resulta de suma importancia para los contribuyentes tomar medidas preventivas en cuanto a sus estructuras y operaciones, para evitar contingencias tributarias. Para muchos contribuyentes, ser conservador tendr\u00e1 sentido, mientras que para otros, aprovechar sus estructuras internacionales dentro del marco de la ley y los tratados aplicables.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Santiago Brusco<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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SOCIO<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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+52 33 2303 9084 ext. 103
s.brusco@brab.mx<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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